Investigan en SLP 14 casos de delitos cometidos por policías

14 casos de delitos cometidos por policías: PGJE

Diez están sujetos a proceso penal y el resto, en espera de que se liberen las ordenes de aprensión correspondientes.

El procurador general de Justicia en el Estado, Cándido Ochoa Rojas dijo que éstos catorce expedientes implican delitos cometidos por parte de elementos de las diversas corporaciones de San Luis Potosí.  

De ellos 10 se encuentran en un procedimiento penal y el resto próximos a ser presentados una vez que se liberen las ordenes de aprensión correspondientes.

El procurador aseguró que esta situación da fe de una dinámica más estrecha de vigilancia al desempeño de los elementos y a una política de no tolerancia de la actual administración, ante situaciones que vulneren la seguridad de los potosinos.

FORMAL PRISION A POLICIAS MUNICIPALES INVOLUCRADOS EN LA MUERTE DE UN MENOR DE LA COMUNIDAD CÁNDIDO NAVARRO

Por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, dictan auto de formal prisión a los dos policías municipales involucrados en la muerte de un menor en la comunidad de Cándido Navarro, perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez.

Al agente policiaco Alberto Vega García de 28 años, quien traía a su cargo una escopeta calibre .12, con la cual diera muerte al menor Uriel David Zapata  Zapata de 14 años, se le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio, mientras que al elemento Julio Ramón Cervantes Vargas, de 32 años, quien portaba un arma larga AR-15, se le dio la misma resolución por el delito de homicidio en grado de tentativa por las lesiones que causo a otros dos menores de edad.

Una vez que se realizaron las indagaciones y pruebas periciales correspondientes, se logró establecer la presunta responsabilidad de ambos agentes, por lo que el fiscal los consignó ante la autoridad judicial, quien a su vez encontró responsabilidad de ambos indiciados en el evento registrado el sábado 26 de febrero, donde  se llevaba a cabo una fiesta de 15 años.

  

PGJE CONSIGNA HOMICIDAS DE COMERCIANTE ENCONTRADO EN CARRETERA A RIOVERDE

Por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y robo calificado, fueron consignados dos individuos implicados en el homicidio de un comerciante, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de su unidad, sobre la carretera a Rioverde, en el kilómetro 224, a la altura del Valle de los Fantasmas, el pasado jueves 03 de marzo.

Aun dentro del término de flagrancia, agentes ministeriales lograron el aseguramiento de dos personas implicadas en el asesinato de quien fue identificado como  Miguel Ángel Díaz Martínez, de ocupación comerciante con domicilio en Jalpan de la Sierra, perteneciente al estado de Querétaro y del intento de homicidio de Jorge Alvarado Navarrete, trabajador del primero y quien resulto lesionado por arma de fuego; ambos originarios de esa entidad.

De acuerdo a las indagaciones, el comerciante salió de su domicilio en compañía de su trabajador con rumbo a la Central de Abastos de la Ciudad de San Luis Potosí, para realizar la compra de mercancía diversa para su negocio.

Sin embargo, el empleado del hoy occiso invitó  a otro sujeto que era ex trabajador del comerciante, para que los acompañara, y quien al saber de la existencia del dinero con el que realizaría las compras, se puso de acuerdo con otros dos cómplices, para que los siguieran en otra unidad.

Al llegar al valle de los fantasmas, el "invitado", saco de entre sus ropas una pistola calibre 38 con la que disparó contra su ex patrón y el empleado, dando muerte al primero y  lesionando al segundo, para posteriormente apoderarse del dinero, $200 mil pesos en efectivo.

En ese mismo lugar fue recogido por sus dos cómplices que los seguían en otro vehículo, envolvieron el arma homicida en la playera del homicida y la dejaron a la orilla de la carretera, de donde fue asegurada por la autoridad.

Dentro del operativo de investigación para dar con el paradero de los responsables, se determinó que los presuntos se encontraban en el Estado de Querétaro a cuyas autoridades se solicitó apoyo para su ubicación exacta, logrando que fuera posible la detención, aun en el término de flagrancia de  dos de tres implicados.

 Abel Turrubiates Sánchez, (a) “El Tiki Tiki”, de 20 años de edad, con domicilio en la comunidad Puerto de Animas y de J. Guadalupe Alvarado Chavero (a) “El Lupe”, de 25 años de edad, con domicilio en el Barrio del Platino, ambos pertenecientes al municipio de Jalpan de la Sierra, y a quienes se les aseguró parte del dinero robado.

El agente del Ministerio Público encontró elementos suficientes para realizar la consignación de los detenidos ante la autoridad judicial, quien determinará la situación jurídica de los inculpados.

Cabe hacer mención que el cuerpo del comerciante fue devuelto a su familia el mismo día del hallazgo y que su acompañante fue internado en el hospital central donde se recupera satisfactoriamente.

COMUNICACION SOCIAL
ANUNCIA EL GOBERNADOR ACCIONES PARA REFORZAR EL MARCO JURÍDICO EN SLP

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Gobernador Fernando Toranzo Fernández hizo importantes anuncios que vendrán a reforzar el marco jurídico de San Luis Potosí para la mejor y más eficiente protección del patrimonio y la integridad de los potosinos, además hizo un llamado a toda la ciudadanía a sumarse de manera solidaria a las tareas de prevención y combate del delito.

En la reunión en la que rindieron sus informes el Procurador de Justicia del Estado, Cándido Ochoa Rojas y la presidenta del Comité Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, María Elena Abud Sarquís, el mandatario estatal dio a conocer un incremento en los recursos para procuración de justicia, dentro del área de prevención del delito y participación ciudadana, de un millón 500 mil pesos ejercidos en 2010 a más de 4 millones de pesos que se destinarán este año.

Ante los miembros de este Consejo, integrado por representantes de todos los sectores de la sociedad, el doctor Toranzo refirió que al inicio de esta Administración había 342 mil denuncias archivadas, “de ese tamaño era la justicia en San Luis Potosí”, por lo que su Gobierno implementó un programa emergente para abatir el rezago, para que la justicia de verdad sea pronta y expedita, con lo cual se han resuelto conforme a derecho más del 60 por ciento.

Anunció que este día turnará al Congreso 3 iniciativas de ley que constituirán una herramienta más para tutelar la seguridad e integridad de los potosinos, entre éstas una para la aplicación de sanciones a quienes realicen llamadas falsas para distraer a las autoridades de seguridad de sus funciones.

Citó como ejemplo que el pasado domingo 6 del presente mes en el C4 se recibieron 2 mil 290 llamadas denunciando hechos delictivos y solicitando el apoyo de la fuerza pública, de las cuales mil 782 eran falsas.

Refirió que durante su Administración se ha dado cuenta de policías que no cumplían la función para la que fueron designados y a éstos se les ha aplicado la ley, “yo quisiera ver en el pasado cuantos policías fueron procesados”.

Hizo un llamado a  los integrantes del Consejo, los cuales representan a todos los sectores de la sociedad, a que se sumen de manera solidaria a las tareas de prevención y combate al delito, ya que aunque el Estado no elude su responsabilidad, es evidente, dijo,  que 2 mil 700 policías no son suficientes para atender todo el territorio que consta de 62 mil kilómetros cuadrados.

Anunció que en unos cuantos días serán reactivados los 5 exámenes de confianza que serán aplicados a todo el personal de seguridad, el cual será evaluado cada seis meses, y todos aquellos que no los aprueben serán dados de baja, porque no se tolerará a quienes lejos de tutelar la seguridad de los potosinos los agravien.

También dio a conocer que se está trabajando en el proyecto de una gran movilización ciudadana para sumar al mayor número de potosinos en la prevención del delito, “a mi me queda claro que siempre seremos más los que queremos el bien de San Luis que los que quieren el mal”.

Reconoció que la delincuencia y la violencia asociada a ella son problemas graves que enfrenta el País, pero que en San Luis Potosí nadie puede poner en duda que el problema está siendo enfrentado de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno y que, por primera vez en mucho tiempo de simular este combate, o peor aún, de esquivarlo  irresponsablemente, “tenemos resultados que nos animan a seguir dando la lucha por lo que más amamos: nuestro estado, nuestra Patria”.

Dijo que hace unos días se lanzó en San Luis Potosí una campaña contra la extorsión telefónica, y hoy ya hay delincuentes tras las rejas, y que en la cultura de prevención del delito se han logrado resultados concretos.

Gracias a esta cultura de la denuncia ciudadana ha sido posible desmantelar bandas delictivas y presentar ante la justicia a extorsionadores, secuestradores, roba coches, asesinos  y toda clase de enemigos de la sociedad.

Aseveró que este Comité que preside la señora María Elena Abud Sarquís es el vínculo ideal entre sociedad y Gobierno en el desafío común e ineludible de enfrentar y detener a los delincuentes, ya que “no podemos permitir que la dispersión de esfuerzos beneficie a los criminales”.

En su informe el Procurador habló de los casos relevantes atendidos por la PGJE, entre éstos la consignación de elementos de Seguridad Pública, la detención de una persona que había cometido por lo menos 12 robos a negocio y las aprehensiones de delincuentes que se dedicaban a extorsionar, en todas sus modalidades, a los ciudadanos; de la detención de 30,387 presuntos delincuentes, y 10,324 casos atendidos a través del método alterno de solución de conflictos, es decir la conciliación y la asesoría.

Por su parte María Elena Abud Sarquís en su informe anual de actividades detalló los resultados en los programas de:  Prevenir Educando, Alerta 12-20;  Mujeres en Movimiento; y Seguridad en la Fuerza Productiva, así como del “Programa Integral de Prevención de Adicciones”, en el que se dieron 2,145 pláticas en planteles escolares.Extorsión, delito grave

Extorsión, delito grave

La investigación y persecución de la extorsión, es más efectiva, luego de que se tipificó como delito grave en todas sus modalidades, no sólo en el caso de la extorsión telefónica, la cual ahora ya puede ser investigada desde esta entidad aunque se realice en otras entidades federativas, lo mismo a través de cuentas bancarias a cuyos titulares, ahora también se les puede sancionar por su relación con los responsables de esta actividad delictiva.

Lo anterior nace, como parte de las propuestas de reformas al Código Penal, que presentó el Gobierno del Estado y que fueron aprobadas por el Congreso local, en las que además se incrementaron las penas, que en el caso de la extorsión podrían alcanzar hasta 10 años de prisión y sanción pecuniaria de hasta mil salarios mínimos.

Anterior a la reforma, el delito de extorsión solo se calificaba como grave cuando se realizaba vía telefónica, lo cual no es necesario para que se configure, debido a que también se llega a presentar de manera personal, lo que puede causar, incluso un impacto mayor a la víctima.

También, se propuso y aprobó que para la configuración del delito de extorsión se consideren las actividades de solicitar se abone tiempo aire a determinado número telefónico, o que se hagan depósitos a cuentas bancarias, cuyos  titulares serán sancionados cuando dichas cuentas sean utilizadas en la comisión del delito, pues son los únicos que pueden disponer de esos beneficios.

La reforma penal, especifica que la extorsión también será considerada como delito cuando se cometa utilizando cualquier medio de comunicación que permita el intercambio de voz, imagen, sonidos o información y se sancionará con seis a doce años de prisión, para que no alcance fianza.

El delito de extorsión debe ser denunciado ante el Ministerio Público, sin importar la forma en la que se realice. En el caso del uso de medios de comunicación tecnológicamente es posible el rastreo de este tipo de llamadas gracias a la coordinación que se tiene con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por lo que se requiere de la participación de la ciudadanía para que denuncie de manera inmediata y oportuna, tanto los intentos como la consumación de este delito.