Caen Crispín Ordaz y Juan Antonio Cabrero en Ébano
La Policía Ministerial del Estado informó hoy sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Crispín Ordaz Trujillo, ex alcalde panista de Ébano y de Juan Antonio Cordero Aguilar de 47 y 55 años de edad respectivamente. También había orden de aprehensión contra una mujer, pero ésta ya había sido asesinada, el año pasado.
El primero tiene domicilio en la colonia Bermúdez y el segundo en la colonia Valle Dorado, ambos pertenecientes al municipio de Ébano y la orden fue por ser presuntos responsables del delito de ejercicio indebido de la función pública, así como de asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo, ilícitos cometidos en agravio de la administración pública y la sociedad.
El mandamiento fue obsequiado por el Juez Sexto del Ramo Penal. El presente ordenamiento Judicial, fue librado también en contra de Jenni Lucero Zúñiga Bañuelos, la cual contaba con la edad de 34 años y tenía su domicilio en Ébano.
Sin embargo, se informó que la mencionada fue ultimada por proyectil de arma de fuego el pasado 05 de Mayo del año pasado, hechos suscitados en el exterior del domicilio ubicado en calle Oaxaca en la Colonia Obrera, donde se encuentra un puesto de tacos de la citada localidad.
Ordaz Trujillo fue presidente de ese municipio de 2000 a 2003 y de 2007 a 2009.
Acusan a Oscar Bautista de millonario fraude en la CNC
Los campesinos que mantienen la toma de la sede estatal de la CNC mostraron ayer documentación que avala que el ex dirigente y candidato a diputado federal Oscar Bautista desvió recursos de fondos federales para hacer precampaña en el III distrito federal.
Los municipios que más benefició con proyectos a fondos perdidos, manifestó el dirigente campesino Luis Fernando Leal Beltrán, han sido Rioverde, Ciudad del Maíz, Lagunillas, Cárdenas así como Rayón, donde también “infló” precios materiales.
Denunció que en algunos lados adquirieron materiales para tiendas de abarrotes, para cocinas económicas y carnicerías, pero metieron facturas por el triple y en el caso de los programas que tiene la Secretaría de la Reforma Agraria sólo le interés la comprobación, no envían funcionarios a revisar más a fondo.
“Esto sólo en los fondos de apoyos a productores y Programa de Apoyo a la Mujer que son manejados por la SRA, nomás nos metimos ahí a los datos que vienen en internet, pero vemos que el desvío de recursos fue monstruoso”, enfatizó.
Por eso mismo piden cuentas por 120 millones de pesos desde 2007 a la fecha y no sólo de programas que maneja la SRA, sino de otras dependencias federales que manejan el tema tanto de vivienda como de empresas sociales, y de activos productivos.
Tienen conocimiento que el ex dirigente pudo manejar entre 80 y 1200 proyectos por año, incluyendo pequeños negocios con recursos a fondo perdido; pero en la medida que se haga algún tipo de investigación, tiene que aparecer todo esto.
Pero es sólo uno de tres puntos que los mantiene con las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina tomada desde hace ocho días, porque también exigen la destitución del sucesor de Óscar Bautista Villegas, Sabino Bautista y en el aspecto política, quieren que les digan qué posiciones van tener para la organización porque nadie les dice nada.
Supervisan obras del C 3
Las obras del Centro de Control y Comando Municipal C3 fueron supervisadas por la Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como por autoridades estatales del C4.
Durante dicha visita se visualizaron las condiciones de seguridad del lugar. Los encargados de supervisar los avances de dicha infraestructura fueron el Director General de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información por parte de Plataforma México de la SSPF, Andrés Perales Pimentel, así como José Luis Romero Mora del área de implementación de la SSPF, además de Sandra Valle Olvera del Centro de Soporte de la SSPF.
Cabe mencionar que los trabajos realizados corresponden a la segunda etapa del proyecto del Edificio Central de Seguridad, por lo que será la siguiente administración quien continúe con la tercera etapa.
Investiga PGJE pérdida de armas en Policías
El Procurador General de Justicia en el Estado Miguel Ángel García Covarrubias, rechazó que la pérdida de armas de fuego que son utilizadas por elementos de seguridad o ministeriales pueda estar relacionada con la delincuencia organizada, en este sentido indicó que se han iniciado las investigaciones respecto a este hecho.
Indicó que cuando ocurre una pérdida se recibe el reporte, donde se informa sobre el hecho, para luego instruirle un procedimiento administrativo y de ser necesario la tendrán que pagar los propios elementos que las pierden.
En otro tema relacionado, el abogado del Estado, dijo que se encuentran en pláticas con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de renovar el permiso colectivo para el uso de armas de fuego por parte de los elementos de las distintas corporaciones de seguridad estatal.
Señaló que dicha renovación se tiene que cumplir en tiempo y forma, no sólo para tener acceso al uso de las mismas, sino para tener la aprobación de nuevo equipo que permita generar una mejor confianza en los elementos que portan dicha herramienta.
Repuntan robos de cable a alumbrado público
El director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Díaz de León Pedroza informó que mantienen una coordinación constante con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para reportar los sitios más recurrentes en donde se presenta el robo de cable y abatir esta situación.
Señaló que en los últimos días ha resurgido este problema, sobre todo, en áreas muy transitadas que han afectado la iluminación, por lo que ya se pasó una relación a la Policía Municipal de los lugares más afectados donde reforzó sus operativos.
Recientemente el robo de cable se registró en algunos tramos de avenidas como Himno Nacional, Salvador Nava, Fray Diego de la Magdalena y 20 de Noviembre, por lo que ya se notificó y se solicitó la presencia de la DGSPM para intensificar la vigilancia.
Además, comenzó la reposición del material, lo que representa una inversión de 40 o 50 mil pesos, pero lo más importante es destacar el daño que causa a la ciudadanía.
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